El lastre de la evasión fiscal
El pasado 29 de abril, El Confidencial publicaba la noticia de que el sistema fiscal holandés le cuesta al resto del mundo alrededor de 22.000 millones de euros evadidos, un 15% de la evasión fiscal global.
El sistema fiscal holandés permite que multinacionales creen oficinas buzón -sin empleados ni actividad. Estas multinacionales trasladan sus ganancias primero a las oficinas de los Países Bajos, donde disfrutan de unos impuestos mucho más bajos, y desde allí se envían de forma totalmente legal a paraísos fiscales.
Aunque a ojos del Estado no se quebranta ninguna ley, se pierden numerosos impuestos en los diferentes Estados que utilizan este método. Incluso Holanda saca poco beneficio de estas prácticas. Según relata el artículo, solo retiene 2.000 millones de euros de los 200.000 millones que circulan por su sistema.
Intermón Oxfam publica que solo en 2015, las 50 mayores empresas estadounidenses ocultaron 1,6 billones de dólares en paraísos fiscales y que los 20 principales bancos europeos ocultaron más del 25% de sus beneficios en paraísos fiscales.
Por otro lado, Gabriel Zucman ya publicó en su libro La riqueza oculta de las naciones: investigación sobre los paraísos fiscales (2013), que el 8% de la riqueza financiera mundial se esconde en paraísos fiscales, lo que supone perder unos ingresos fiscales de 200.000 millones de dólares anuales a nivel mundial.
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Evasión fiscal en España
En España tampoco nos libramos de estas prácticas. El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) denunció el año pasado que en nuestro país se defraudan anualmente 60.000 millones de euros. Según el informe presentado, se debe a la menor presión fiscal que hay en España respecto a la Unión Europea.
Respecto a la media de la UE-28, el mayor déficit recaudatorio se encuentra en impuestos sobre la renta y patrimonio de las personas (20.400 millones de euros), seguido de las contribuciones sociales (10.800 millones de euros).
En el informe instaron a realizar diversas reformas para lograr una mayor y mejor redistribución de la riqueza entre los ciudadanos.
Al mismo tiempo, instó a reorganizar la Agencia Tributaria Estatal y de la Intervención General de la Administración del Estado para evitar injerencias políticas y conseguir un control eficaz del gasto público.
