¿Qué tareas tiene un administrador concursal?
En primer lugar, hay que saber bien qué es la Ley Concursal. Esta ley es la que determina las funciones en materia de aplazamientos de pago de deudas, reintegros de prestaciones indebidamente percibidas, compensación, devolución de ingresos indebidos, reembolsos de garantías, desistimiento, procedimientos concursales y anuncios de subastas en Boletines Oficiales.
La Ley Concursal tiene como objetivo agrupar todos los intereses concurrentes en el proceso concursal; tanto de los acreedores en su conjunto como del deudor. De esta manera, se consigue una regulación que le permite continuar con la actividad.
Por eso, cada vez son más las empresas que buscan a alguien capacitado para encargarse de las leyes cuando se enfrentan problemas económicos. La figura del administrador concursal muchas veces pasa desapercibida. De hecho, muchos quizás nos preguntemos en qué consiste el trabajo de un administrador concursal. El trabajo que realiza consiste en analizar y comprobar que la empresa declara en concurso seguido y cumplido conforme a la legislación vigente.
Para poder ocupar el puesto de administrador concursal hay que ser licenciado en abogacía o en economía. En segundo lugar, se le exige que tenga una experiencia profesional mínima de cinco años y formación en Derecho Concursal.
El mayor trabajo del administrador llega cuando una empresa sufre una situación de insolvencia, por lo que no puede hacer frente a sus deudas. Entonces, entra en un concurso de acreedores por quiebra y en suspensión de pagos.
El objetivo del administrador es el de procurar que la empresa continúe con su actividad a pesar de la mala situación económica. De hecho, será un juez el encargado de nombrar un administrador concursal que analice la empresa y también es el que establece los plazos para que el empresario deudor pueda negociar con los acreedores cómo satisfacer la deuda.
Cabe destacar que los administradores tienen derecho a cobrar una retribución por parte de los acreedores, cuyo importe se especifica en un arancel aprobado por el Real Decreto 1860/2004, y se tendrá en cuenta el activo y el pasivo, así como el grado de complejidad del proceso.
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