Tasa Tobin: en qué consiste el Impuesto sobre las Transacciones Financieras

El pasado mes de enero, el Gobierno de España aprobó el Impuesto sobre las Transacciones Financieras (ITF). Con esta medida, prevé recaudar unos 850 millones de euros, según los cálculos incluidos en los Presupuestos Generales del Estado. Pero, ¿en qué consiste este impuesto? Os lo explicamos en el post de hoy, como expertos en descuentos de pagarés.

El ITF es más conocido como la Tasa Tobin por James Tobin, economista que lo introdujo en el sistema mundial en 1972, y ganador del Premio Nobel de Economía en 1981. Su razón de ser es gravar las operaciones de compra de acciones de empresas con una cotización bursátil superior a los 1.000 millones de euros. En España, solo 34 de las 35 empresas del Ibex se verán afectadas por este impuesto. Tendrá una carga impositiva del 0,2%.

A parte de su labor recaudatoria, el impuesto tiene como objetivo evitar los movimientos especulativos del mercado financiero. En 2011, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que urgía a la Comisión Europea a implantar un ITF basado en la Tasa Tobin y desde 2013, diez países de la Unión Europea han aprobado este impuesto: Austria, Alemania, Bélgica, España, Estonia, Eslovenia, Eslovaquia, Francia, Grecia, Italia y Portugal.

En España, funcionará de manera similar a Francia y se centrará en las entidades que actúen como intermediarios financieros. No gravará las salidas a Bolsa, ni la deuda (pública o privada), ni los derivados.

Es un impuesto que ha generado mucha polémica en España. Cuando se aprobó, el Banco de España salió en defensa de la banca y Margarita Delgado, subgobernadora, declaró que acabará afectando a los clientes. De hecho, Bankinter ya ha reconocido públicamente que, si la legalidad se lo permite, trasladará el impuesto a los clientes. Desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) han argumentado que este tipo de impuesto solo tiene sentido si se implanta de manera unánime en toda la Unión Europea porque, de lo contrario, restará competitividad a las entidades financieras.

Entidades como Plataforma por la Justicia Social o el departamento de estudios fiscales de Oxfam consideran la ley como «insuficiente» y con unas previsiones de recaudación muy infladas. Sus principales críticas se han centrado en  lo que se ha quedado fuera: los derivados y otros productos financieros complejos, pues son los que acaparan la mayoría de los movimientos especulativos.